El bienio conservador abarco desde noviembre de 1933 hasta febrero de 1936. En las elecciones generales celebradas en noviembre de 1933, en las que por primera vez, como consecuencia de la Constitución de 1931, ejercitan su derecho al voto las mujeres, vence la CEDA. El resultado, sin embargo, no es lo suficientemente amplio como para gobernar en solitario. De esta forma, Gil Robles no es llamado por Alcalá-Zamora (a quien corresponde esta prerrogativa como presidente de la República) a encabezar el Gobierno. La desconfianza sobre las intenciones de Gil Robles motivan la decisión. El designado será Lerroux al prestarse el Partido Republicano Radical a gobernar con el apoyo de la CEDA.
Para los radicales de Lerroux, la alianza con la CEDA tan sólo intenta atraer a la derecha católica hacia la causa republicana; para Gil Robles se trata de conseguir el control del Gobierno -aun sin pertenecer a él- a la espera de ser llamado para gobernar. Las coincidencias entre el Partido Radical y la CEDA permiten dar marcha atrás a numerosas reformas emprendidas en el bienio reformista: el clero vuelve a cobrar sueldos del Estado, los colegios religiosos no cierran sus puertas… Además, los golpistas de 1932 son amnistiados. Las diferencias, por su parte, impiden la reforma del sistema político. El mayor varapalo es para el Partido Socialista, cuyo reformismo, lejos de afianzar su proyecto, le relega electoralmente. Temeroso de que el autoritarismo acabe con su supresión, tal y como ha sucedido en Italia o Alemania, el sector más izquierdista, encabezado por Largo Caballero, radicaliza su discurso revolucionario.
Revolución de Octubre de 1934
La inclusión en el ejecutivo de tres ministros de la CEDA, en octubre de 1934, después de distintas crisis en el seno del Gobierno, desata un levantamiento revolucionario dirigido por el PSOE y la UGT (junto a Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Comunista). El recuerdo de lo ocurrido en Alemania, donde Hitler ha accedido al poder un año antes de manera legal desmantelando rápidamente el sistema democrático, o en Austria, donde Dollfuss ha acabado con los socialistas en nombre de un movimiento católico semejante a la CEDA, está presente para los sublevados. La CNT, salvo en Asturias, permanece al margen. La noticia de un nuevo Gobierno con participación de la CEDA da lugar, según lo previsto, a una huelga general con distinto grado de seguimiento en todo el país pero rápidamente sofocada. En Cataluña, el presidente Companys proclama durante unas horas el Estado catalán, rindiéndose poco después. Pese a fracasar en Madrid, Cataluña y el País Vasco, el conflicto se extiende en Asturias, donde los revolucionarios se hacen con el control de toda la provincia, incluida Oviedo, su capital. Para poner fin al levantamiento es necesaria la intervención del ejército. Tropas africanas, al mando del general Franco, acaban con la insurrección. Más de mil muertos, incluidos los fusilamientos tanto de religiosos por parte de los revolucionarios como de éstos por parte de las fuerzas del orden, componen el balance de la contienda, primera aproximación a lo que será un escenario de guerra total apenas dos años después.
Crisis del Bienio Conservador
La inclusión de la CEDA en el Gobierno no provoca la involución prevista, pero deja clara su escasa vinculación con el proyecto republicano. En los meses siguientes a la revolución de Asturias no hay tampoco un plan de Gobierno perceptible más allá de la represión de los revolucionarios o los intentos de inculpar a Azaña en los hechos. Las discusiones en el Parlamento ocultan su infecundidad legislativa. Gil Robles, nombrado ministro de Guerra en mayo de 1935, coloca a algunos de los generales desafectos al régimen (Mola, Franco, Fanjul…) en los puestos más destacados del ejército. A lo largo de 1935 el Partido Radical entra en una profunda crisis afectado por algunos escándalos de corrupción (la concesión de licencia a un tipo de ruleta llamada straperlo -término que se añadiría al castellano, estraperlo, como sinónimo de mercado negro- y el asunto Nombela, sobre los contratos de suministros al ejército). Alcalá-Zamora se resiste a dar el Gobierno a Gil Robles e intenta, en diciembre, una solución personal entregándoselo a Manuel Pórtela Valladares. Las presiones recibidas desde todos los grupos parlamentarios acaban con la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones de febrero de 1936.
Elecciones de 1936
Tanto los grupos de derecha como de izquierda forman listas comunes para agrupar el voto. La CEDA, temerosa de no conseguir la mayoría absoluta, organiza el Frente Nacional. Por su parte, los republicanos de Azaña y los socialistas, a los que se suman los comunistas, se agrupan en torno al Frente Popular. La campaña se desarrolla en un ambiente hostil.
El resultado (en porcentajes de voto, que no en escaños) es de lo más ajustado: el Frente Popular consigue el 34,3% de los votos (que le suponen más de 250 escaños), mientras que el Frente Nacional, por su parte, alcanza el 33,2% del voto (apenas 125 diputados). La victoria del Frente Popular supone la liberación inmediata de los presos de la revolución de Octubre. Tras las elecciones, Azaña forma un Gobierno compuesto exclusivamente por republicanos, sin la presencia de socialistas.
Conflictos del nuevo Gobierno
En abril de 1936 es destituido Alcalá-Zamora de su cargo de presidente de la República (por haber disuelto dos veces las Cortes, tal y como prevé la Constitución), siendo elegido Azaña con la abstención de la derecha. En los meses que transcurren desde la victoria del Frente Popular hasta el inicio de la guerra los conflictos de orden público son constantes: los grupos revolucionarios inician una campaña de huelgas, ocupaciones de tierras y ataques a edificios religiosos; por su parte, los falangistas insisten en provocar disturbios y en cometer atentados contra militantes de otros partidos y fuerzas del orden. En marzo de 1936. el atentado por parte de falangistas contra Jiménez de Asúa, intelectual socialista y uno de los padres de la Constitución de 1931, que causa el fallecimiento de su escolta unos días después, da lugar a la ilegalización de la Falange y a la detención de su junta política, incluido José Antonio.
Conspiración y Golpe de Estado
La polarización y el clima de enfrentamiento se incrementan en la primavera de 1936, cuando un sector del ejército tiene ya avanzada la conspiración para un golpe de Estado. El general Mola, destinado desde el mes de marzo en el gobierno militar de Pamplona, adonde el Gobierno del Frente Popular lo ha trasladado por desconfiar de él, inicia una serie de contactos y elabora diversas directrices e instrucciones que van perfilando una acción, con apoyo de sectores civiles, dirigida al derribo del Gobierno. Pese a tratarse, en principio, de una maniobra militar, los conspiradores establecen comunicación con el movimiento carlista, con Falange, con la CEDA, con Acción Española, etc. Llegado el verano, la sublevación, a falta de algunos matices, está más o menos lista. Los enfrentamientos en las calles, en los que grupos de izquierdistas y de falangistas dirimen sus diferencias, siguen su escalada.
El día 12 de julio, José Castillo, teniente de la Guardia de Asalto y simpatizante socialista, cae muerto en un atentado terrorista. Como represalia es asesinado a su vez, horas después, el líder de la derecha monárquica, José Calvo Sotelo. Los funerales de ambos dan pie a refriegas entre radicales de izquierda y de derecha en el centro de Madrid. El Gobierno, ajeno a la conspiración puesta en marcha por Mola, intenta solucionar el problema reestableciendo el orden público. Sin embargo, no tendrá tiempo de casi nada al iniciarse el golpe de Estado secretamente preparado en los meses anteriores por un importante sector del ejército.
Bienio Conservador (2020). Recuperado de Historia de España. https://historiaespana.es/edad-contemporanea/bienio-conservador.