Ministros estafadores, diputados contrabandistas y reinas negociantas, protagonistas de un insólito congreso celebrado en Barcelona.
Hitler compró droga para el ejército alemán con fondos públicos. Eso es corrupción política: el uso del dinero de todos para objetivos que no lo son”. Así resumía Juan Carlos Ferré, de la Universidad de Huelva, el tema del congreso celebrado en diciembre en El Born Centro de Cultura y Memoria y organiza Borja de Riquer, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El I Congreso de Historia de la Corrupción Política en la España Contemporánea nació para “analizar la corrupción política más allá del presente y de la política institucional” y en los dos días que duró quedó claro que el fenómeno viene de lejos. Uno de los casos más interesantes lo explicaba así Emilia Iñesta, profesora de Historia del Derecho en la Universidad de Alicante. Es el de Agustín Esteban Collantes, responsable de Fomento, y primer ministro español en pasar por un juzgado. “Fue acusado en 1854 de defraudar piedra por valor de 975 reales para una construcción junto al río Manzanares”. Se le procesó en 1859, pero fue absuelto gracias al artículo 1 del Código Penal de la época: el que anulaba el delito si no había intención de cometerlo.
Esa es una de las formas que hallaron sus señorías de evitar la justicia en la medida de lo posible, pero hubo otras: “En 1849, el Senado también funcionaba como tribunal de justicia para los delitos contra el rey y los cometidos por diputados y senadores”, explica Iñesta. Por eso, de 1837 a 1911 solo se aprobaran 45 de los 1.277 suplicatorios hechos para procesar a miembros electos. Menos del 4%.
Tampoco hay que olvidar, como indica Borja de Riquer, que esos privilegios también servían a los políticos para atacar a sus rivales y pone de ejemplo el caso del diputado Juan March, acusado en 1932 de prevaricación y soborno en sus actividades relacionadas con el contrabando de tabaco. “No lo procesan los jueces, sino los republicanos”, comenta De Riquer acerca de una decisión en la que ve más motivación política que deseo de justicia. “Indalecio Prieto quería verlo ahorcado, pero también Primo de Rivera. Todos lo odiaban, por eso y aún siendo diputado se le pudo procesar”.
Sobre si el Derecho Penal es o no una herramienta adecuada para perseguir a sus señorías, los expertos del Congreso se mostraron de acuerdo en que sí, pero también en que, como apunta Borja de Riquer, “una cosa es la penalística y otra el funcionamiento de la Justicia”. Diferencias entre teoría y práctica. “En la hemeroteca del siglo XIX se encuentran miles de casos de corrupción política, pero pocos que acaben en una sentencia condenatoria”, explica Miguel Pino, historiador del Derecho Penal. “Lo novedoso hoy no es tanto el número de denuncias como que algunos políticos hayan entrado en prisión”, apunta Ferré con ironía.
Eso hace que durante el Congreso surgiera sin cesar la palabra “impunidad”. Collantes no fue a la cárcel y sus acciones no le impidieron ser embajador en Lisboa o presidente del Consejo de Estado durante el reinado de Alfonso XII. Tampoco fue condenado el Conde de Toreno, presidente del Consejo de Ministros de María Cristina de Borbón, tras vender las minas de Almadén a la banca Rothschild y repartirse los beneficios con la reina regente.
“Con esos precedentes, es normal que los políticos actuales crean que no va a pasarles nada”, subraya Juan Carlos Ferré, que afirma que hoy este tipo de corruptela se da más en los partidos. Y el ejemplo, aunque nadie lo nombre, no puede estar más cerca: una empresa investigada por donar 50.000 euros a Convergència Democràtica de Catalunya construyó El Born, sede de la primera edición de este congreso.
Fuente: https://elpais.com