La posesión de Gibraltar al Reino Unido se selló con la firma del Tratado de Utrecht en 1713
Nos tenemos que remontar hasta principios del siglo XVIII para entender por qué Gibraltar forma parte políticamente del Reino Unido y no de España, como debería ser en cuanto a criterios territoriales se refiere. La posesión de Gibraltar al Reino Unido se debe a la firma de los Tratados de Utrecht-Rastatt entre los años 1713 y 1715, tras la Guerra de Sucesión española.
Este acuerdo, de carácter territorial, político y diplomático, fue firmado por España, Gran Bretaña, Francia y Austria por el que acordaban la paz entre los imperios europeos más importantes a cambio de una serie de sucesiones de territorios y que propiciaría un gran cambio en las fronteras de aquella época. En lo que a Gibraltar se refiere, España cedía este territorio tan estratégico junto con Menorca a Gran Bretaña a cambio el reconocimiento de Felipe V como rey de la Corona española.
Gran Bretaña conquista Gibraltar
Nueve años antes de la firma de este tratado, Gran Bretaña conquistaba Gibraltar, arrebatándole a España este lugar tan importante por su ubicación estratégica. La conquista tuvo lugar en el año 1704 y Gran Bretaña se aprovechó del conflicto de la Guerra de Sucesión y la debilidad por la que estaba pasando el imperio español para atacar este lugar de la Península Ibérica, con un ataque dirigido por George Rooke en la que la flota británica atacó el enclave con 61 buques de guerra, un dominio muy superior a la resistencia española y la ciudad cayó en pocos días. Pero tras la conquista de Gibraltar, ¿por qué la corona española decide aceptar los Tratados de Utrecht que le llevan a perder este territorio junto a Menorca que tienen un alto valor estratégico?
La firma de los acuerdos se enmarca dentro de la Guerra de Sucesión que duró desde 1700 hasta la firma del Tratado de Utrecht, un conflicto que tuvo lugar debido a la falta de sucesor a la Corona española tras la muerte de Carlos II el Hechizado. Luis XIV, rey de Francia quería como sucesor a su nieto Felipe V, algo que desde el resto de imperios europeos no gustaba. Por otro lado, el rey austriaco Leopoldo I quería que Carlos de Austria fuera quién heredara la corona. Felipe V no era reconocido como rey por el resto de corona europeas, lo que llevo a un conflicto a nivel europeo que concluyó con la firma de este acuerdo, por el que España se veía obligado a ceder los territorios de Gibraltar y Menorca, a cambio del reconocimiento de Felipe V como rey. Como consecuencia de todo ello, se produjo un equilibrio de poder en el Viejo Continente, con España iniciando el fin de su hegemonía, la Francia de Luis XIV contenida en sus ambiciones y el imperio británico como nuevo poder emergente.
En cualquier caso, en el Tratado de Utrecht figura una cláusula muy importante: Inglaterra recibía en depósito la fortaleza, pero no podía entregársela a ningún otro poder político salvo a España, negociando previamente con ella. Esto prácticamente se mantuvo mientras el Imperio británico conservó su unidad.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la propaganda alemana intentó aprovechar la situación de Gibraltar para conseguir que España participase en el conflicto. Fue entonces cuando Franco pronunció una frase que no debemos olvidar: «Gibraltar no vale ni siquiera la vida de un soldado español» y conservó, a ese respecto, las buenas relaciones. De esta manera, los trabajadores que desde La Línea iban a Gibraltar –con prohibición de residir allí– siguieron durante toda la guerra practicando esta forma de vida.
Winston Churchill, agradecido con España, en una conversación con el Duque de Alba, prometió que cuando la guerra acabara se hablaría del problema de Gibraltar. Pero como todo el mundo sabe, Churchill ya no gobernaba al acabar la guerra, y la documentación en la que todo esto figuraba ha sido destruida en Inglaterra –aunque no en España, naturalmente–.
Fue entonces cuando Areilza y Fernando María Castiella publicaron un libro hablando de las reivindicaciones españolas, entre las que figuraban Gibraltar y ciertas cabilas del norte de África. Cuando Castiella fue ministro y comprobó que, aprovechando la guerra, los ingleses habían ampliado el territorio para suplir su necesidad de campos de aviación, decidió llevar la cuestión ante la ONU, después de que en 1959 se aprobara la descolonización.
Hay un acuerdo de la ONU pidiendo a Inglaterra y a España que negocien la restitución de Gibraltar y que garanticen las personas y bienes que viven en aquel territorio. El Gobierno español aceptó plenamente esta condición.
Es entonces cuando Inglaterra falsifica el Tratado de Utrecht para inventar en Gibraltar un Estado independiente.
Si contemplamos de cerca el territorio, nos damos cuenta de la contradicción que esto representa.
Sin embargo, ahora el problema se torna más complejo: para Inglaterra, Gibraltar ya no tiene importancia desde el punto de vista militar. Pero en cambio sí desde el económico.
Y es que, con los gibraltareños no ha funcionado nada a la hora de convencerlos de que la soberanía del Peñon debe volver a España. Ni la mano dura de la verja cerrada, ni la apertura de Morán, ni la oferta generosa de Matutes y Piqué de que mantuvieran la nacionalidad británica y a medio plazo hubiera una cosoberanía hispano británica, ni el infantilismo de Moratinos de sentarlos en pie de igualdad con Londres y Madrid a la hora de negociar. Están en el mejor de los mundos, les pirra creerse británicos, vivir en España, aprovecharse del contrabando y montar miles de empresas, vidriosas algunas, para operaciones financieras.
Londres no ceja. Encontró una coartada ante España: ha de respetar la voluntad de los gibraltareños y estos no quieren ser españoles.
La justificación tiene mucho de camelo: no respetaron la voluntad de Hong Kong donde 6 millones no querían ser chinos –Pekin es mal enemigo– y se inclinan ante 40.000 llanitos. Las razones son otras, antes las militares, Gibraltar tenía una excepcional situación estratégica, decreciente ahora, en caso de conflicto. Ahora prima, de un lado, tener una baza negociadora de calibre para cualquier trueque futuro con España. De otro, capital, su opinión pública. Un Gobierno conservador, con un país polarizado con el Brexit, no quiere excitar a la franja conservadora de electores, muchos de los cuales votaron el abandono de Europa. May no quiere matar el último sueño imperialista de esa gente.
Esta Guerra de Sucesión es la misma que puso en el trono a Felipe V y que supuso la implantación de los Decretos de Nueva Planta, promulgados entre 1707 y 1716, por los cuales quedaron abolidas las leyes e instituciones propias del Reino de Valencia y del Reino de Aragón el 29 de junio de 1707, del Reino de Mallorca el 28 de noviembre de 1715 y del Principado de Cataluña el 16 de enero de 1716, todos ellos integrantes de la Corona de Aragón que se habían decantado por el archiduque Carlos, poniendo fin así a la estructura compuesta de la Monarquía Hispánica de los Austrias.
Estos decretos también fueron aplicados a la organización jurídica y administrativa de la Corona de Castilla dejándolos sus fueros e instituciones ya que apoyaron al rey Felipe V. Formalmente, los Decretos eran una serie de Reales Cédulas por las que se establecía la «nueva planta» de las Reales Audiencias de los estados de la Corona de Aragón y a la Corona de Castilla.
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