En enero de 1977, pistoleros de extrema derecha atacaron a varios abogados laboralistas en su despacho de la calle Atocha. La actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pertenecía a ese bufete y se salvó por no encontrarse allí.
La matanza de Atocha fue un atentado terrorista cometido por pistoleros de extrema derecha vinculados a Fuerza Nueva y Falange en el centro de Madrid, la noche del 24 de enero de 1977, en el marco de la violencia fascista contra militantes de izquierda que se desató tras la muerte de Franco, en el inicio de la Transición. Cinco abogados laboralistas fueron asesinados y otros cuatro gravemente heridos. En los dos días anteriores habían muerto otras dos personas relacionadas con la izquierda política, una a manos de la Triple A y otra por un bote de humo lanzado por la policía a corta distancia, durante una manifestación en protesta por la muerte de la primera. Debido a todo ello, se temía una reacción violenta que desestabilizase aún más la transición política.
La muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 marcó el comienzo del largo camino que España realizaría para establecer un sistema democrático en el país. A pesar de que las grandes fuerzas políticas y la mayoría de la sociedad parecían haber comprendido cuál era el rumbo a tomar, existía un grupo de inmovilistas que se negaba a dejar atrás los valores de la dictadura y al que no le importaba emplear la violencia para ello. Entre las 22:30 y las 22:45 de ese día, un comando ultraderechista penetró en un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras (CCOO) y militantes del Partido Comunista de España (PCE, aún ilegal), situado en el número 55 de la calle de Atocha, y abrió fuego contra los presentes. Al parecer, iban en busca del dirigente comunista Joaquín Navarro y, al no encontrarlo, decidieron asesinar a los demás. Eran dos jóvenes armados con pistolas y una tercera persona, encargada de cortar los cables del teléfono y registrar los despachos.
Resultaron muertos los abogados Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides y Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal, y gravemente heridos Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos y Dolores González. Otra de las abogadas del bufete era la ex-alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que salvó la vida porque no se encontraba allí.
La manifestación de repulsa del día siguiente, a la que asistieron más de cien mil personas, precipitó la legalización del PCE el 9 de abril de ese mismo año. Los asesinos, creyéndose amparados por sus contactos políticos, no se tomaron la molestia de huir de Madrid.
Desconocían que para el gobierno era una prioridad capturarlos, de tal modo que se confiase en el proceso de transición democrática. El juicio se celebró en 1980 y en él fueron condenados José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá como autores materiales de los hechos a 193 años de prisión cada uno; y Francisco Albadalejo Corredera –secretario provincial del Sindicato Vertical del transporte– a 63 años como autor intelectual. Pese a sus insuficiencias (otros ultras vinculados al crimen no fueron procesados), fue la primera vez que la extrema derecha franquista fue sentada en el banquillo, juzgada y condenada.
Uno de los autores materiales del atentado, Carlos García Juliá, era un prófugo de la justicia desde 1994, cuando violó su libertad condicional y huyó después de que se le permitiera residir en Paraguay para trabajar. En diciembre de 2018 fue arrestado en la ciudad brasileña de São Paulo y en agosto de 2019, el Tribunal Supremo de Brasil autorizó su extradición a España para cumplir el resto de su pena.
Fuente: www.muyhistoria.es
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